sábado , 24 agosto 2019
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Solicitud de Acceso a La Informacion Publica

SOLICITAN ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Sr. Administrador

Dr. Carlos Alberto CHIALE
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

Av. de Mayo 869 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Sr. Secretario de Gobierno de Salud

Dr. Adolfo Rubinstein

Av. 9 de Julio 1925, CABA.

                                                                                                          REF. LEY 27.491

Ante el Sr. Administrador de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica y el   Sr. Secretario de Salud nos presentamos y decimos

I 

OBJETO.-

            En el marco del ejercicio del Derecho de acceso a la información, tal como lo dispone el Decreto reglamentario de la Ley N° 27.275 en sus considerandos: Que la Constitución Nacional garantiza el principio de publicidad de los actos de Gobierno y el derecho de acceso a la información pública a través del artículo 1º, de los artículos 33, 41, 42 y concordantes del Capítulo Segundo —que establece nuevos Derechos y Garantías— y del artículo 75 inciso 22, que incorpora con jerarquía constitucional diversos Tratados Internacionales…”; “…Que para lograr el saneamiento de las Instituciones debe darse un lugar primordial a los mecanismos que incrementan la transparencia de los actos de gobierno, a los que permiten un igualitario acceso a la información y a los que amplían la participación de la sociedad en los procesos decisorios de la administración”; Que el derecho de Acceso a la Información Pública es un prerrequisito de la participación que permite controlar la corrupción, optimizar la eficiencia de las instancias gubernamentales y mejorar la calidad de vida de las personas al darle a éstas la posibilidad de conocer los contenidos de las decisiones que se toman día a día para ayudar a definir y sustentar lo propósitos para una mejor comunidad…”. Entendemos que lo aquí dispuesto, debe ser de efectivo cumplimiento por parte de las autoridades en consonancia con los deberes y competencias funcionales que a ellos respecta.

Así también, en relación al artículo 75 inciso 22 , esto es , tratados a los que le otorga jerarquía constitucional. La convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 13 refiere el derecho a la libertad de expresión y a “buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole”; La Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 19  textualmente dice “toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión”, entendiendo que “este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones y el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitaciones de fronteras, por cualquier medio de expresión”; La Convención de la Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción en sus Artículos 10 y 13; párrafo 5 de su Preámbulo y artículos III.11 y XIV.2, se refiere a la transparencia de los organismos y al acceso a la información publica

Que con la legislación antes mencionada y teniendo en cuenta el decreto 150/92 firmado en el marco del pacto Federal entre Nación y Provincias para control, trazabilidad  y registro en materia de medicamentos, es que venimos a solicitar a este organismo se nos otorgue la información que deberá acreditarse mediante copia completa de los expedientes, antecedentes y fuentes documentadas formalmente de los últimos 10 años y asimismo actualizada en función del nuevo calendario de vacunas previsto por la ley 27.491 en poder de la ANMAT y DE LA SECRETARÍA DE SALUD,  a saber:

  1. Detalle del contenido de composición y excipientes de cada una de las vacunas previstas como obligatorias. Especialmente, requerimos se acompañe la documentación respecto de los siguientes elementos presentes en las vacunas presentadas como obligatorias:
    1. Informe qué es el MRC-5 o el  WI-38 y qué vacunas contienen estos elementos y los respectivos porcentajes.
    1.  Indique qué vacunas contienen y en qué porcentajes cada una de ellas: formaldehido, polisorbato 80 y 20,  timerosal, mercurio, aluminio, fosfato de aluminio, sulfato de amonio, neomicina, cloruro de bencetonio, bromuro de cetiltrimetilamonio, Fenoxietanol, glutamato monosódico (MSG)  tejido fetal humano  o células madre en su caso y en qué porcentajes o cantidades.
    1. Indique qué vacunas contienen y porcentaje respectivo en su caso: albúmina humana y qué procedimientos han sido utilizados para preservar a la misma de contaminación viral.
    1.  Indique qué vacunas contienen ADN humano,  de perro, mono, cerdo, o gallinas. Indique a su vez porcentaje presente en cada vacuna.
    1. Indique qué vacunas contienen Hepatitis B 250 micr, HPV- 225 micr, Pentacel, Pediarix-850 micr, virus vivos, virus errantes o bacterias procedentes de cultivos de células animales con las que se preparan las vacunas. Indique a su vez porcentaje presente en cada vacuna.
    1. Indique si hay  vacunas que contengan gonadotrofina coriónica humana y en qué cantidad.
    1. Indique qué es el SV40 y que vacunas  lo contienen y porcentaje respectivo.
    1. Indique qué es el  MTHFR, el IL1A y el IL1R1 y cómo se ve afectado este  por las vacunas.
    1. Indique y acompañe documentación formal respecto de cuáles han sido las pruebas biológicas previas realizadas al respecto a nivel local, del material utilizado para la vacunación de la población.
    1. Indique los estudios por los cuales se ha determinado cómo y con qué impacto los compuestos derivados del aluminio y mercurio pasan la barrera hematoencefálica.
    1. Indique cuál es una cantidad aceptable de aluminio para ser ingerido/administrado por día y cuál es el contenido de aluminio en las distintas vacunas del plan ordinario de vacunación.
    1. Indique que metodología ha sido utilizada en la confección de las vacunas para evitar la contaminación con retrovirus y otro tipo de  virus.
    1. Indique a la fecha cantidad efectiva de los casos de enfermedades que se intentan  prevenir con el nuevo calendario de vacunación impuesto como obligatorio producidas en el territorio.
    1. Indique si el esquema de vacunación a implementar es similar al aplicado en Europa y Estados Unidos. Y si no lo es, dar los motivos epidemiológicos formalmente documentados.
  • Indique si existe Emergencia Sanitaria, cuándo fue declarada y motivos de la misma. Indique cuáles fueron los medios oficiales de su declaración y publicidad a la ciudadanía y medios de comunicación por los que se dio a conocer y las enfermedades que la motivan. (origen del brote, población afectada, mortandad, efectos a largo plazo, etc.)
  • Requerimos se nos informe qué vacunas generan como efectos adversos las siguientes enfermedades: encefalitis/encefalopatía, mielitis transversa, la mielitis fláccida aguda, MS, MD, parálisis de Bell, parálisis cerebral, ELA (enfermedad de Lou Gehrig), síndrome de Guillain-Barré, meningitis, autismo, desorden atencional, demencia, miocarditis, enfermedades autoinmunes diversas y cualquier otro tipo de complicación que derive de su administración.
  • Indique y acompañe documentación respecto de cómo se ha medido la evolución del Autismo en niños desde 1980 a la fecha.
  • Indique la documentación y acompañe copia de la misma respecto de la designación de la organización responsable en el país de efectuar el contralor de las partidas, sobre todo aquellas que no sean de origen nacional.
  • Acompañe copia de los informes sobre control de trazabilidad de cada uno de los lotes o serie de fabricación correspondiente y la cantidad distribuida a cada provincia argentina con sus respectivas fechas respecto de los medicamentos solicitados de los últimos cinco años y los previstos para 2019.
  • Acompañe los expedientes o cualquier otra documentación oficial mediante la cual se ha definido la indicación de cada vacuna presente en el calendario. Acompañe detalle de las enfermedades que se intentan prevenir indicando índice de posibilidad de ocurrencia, población afectada, índice de mortandad.
  • Indicación detallada de los informes que hayan evaluado otros modos alternativos a la vacunación de prevención existentes. (por ejemplo: educación, acceso al agua potable, cloacas, electricidad, aseguramiento de adecuada nutrición). Indicación y copias del estudio que muestre los resultados de salud vacunados frente a los no vacunados.
  • Lista de los laboratorios contratados e involucrados en el desarrollo y elaboración de cada una de las vacunas previstas. Informe de los últimos cinco (5) años  mismo período cuales fueron los laboratorios autorizados para la elaboración y distribución. Expedientes de los procesos de contratación de cada uno de ellos.
  • Expediente en el que conste el estudio de impacto y contralor de efectividad de las vacunas integrantes del programa en la prevención realizado por entidad independiente nacional. Por ejemplo: puede una persona que fue vacunada contra la tos ferina todavía propagar la tos ferina después de haber sido expuesto a ella? Si es así, por cuánto tiempo?
  • Informe detallado de las campañas previstas para los próximos 5 años (fechas, lugares, población destinataria)  y razones por las que las mismas son necesarias. Al respecto requerimos también se informe cuántas dosis de cuántas vacunas serán colocadas a los niños entre el nacimiento y los 12 años de edad y se indique su vinculación con las cantidades residuales y acumulativas de contenidos conforme los elementos detallados en la composición y excipientes de las vacunas previstas.
  • Informe detallado de los últimos 5 años en el que consten estudios documentados realizados a nivel nacional y controlados por las autoridades locales con total independencia del fabricante respecto de la interacción en la administración de las vacunas entre sí y la potenciación por el efecto acumulativo de los refuerzos periódicos, así como su seguimiento formal en la población destinataria. 
  • De existir, estudios que demuestren beneficios en las vacunas multidosis o con numerosos refuerzos vs vacunas monodosis.
  • Acompañe detalle documentado de los estudios realizados en el país sobre efectos secundarios o colaterales.
  • Copia del informe detallado respecto del protocolo previsto de atención y seguimiento de casos de reacciones adversas. 
  • Determine si existe un fondo de reparación para los afectados por los efectos colaterales o adversos de las vacunas administradas.
  • Requerimos se nos informe cuál es el protocolo de control respecto del ingreso al país de inmigrantes teniendo presente que muchos de los mismos provienen de países o lugares que no cuentan con condiciones sanitarias básicas.

II.-

FUNDAMENTOS.

DERECHOS CONSTITUCIONALES VULNERADOS POR LA LEY 27.491.

Ante la sanción y promulgación de la ley 27.491 – de SALUD PÚBLICA de Control de Enfermedades Prevenibles por Vacunación nos vemos en la obligación de efectuar algunas manifestaciones al respecto:

En primer término y a los fines de eliminar cualquier duda acerca de si la presentación es una intento de grupos de los denominados “antivacunas” hecho totalmente alejado de la realidad, aclaramos a Ud. que entendemos que “La vacunas  deben ser seguras” .

No obstante llama nuestra atención el refuerzo abrupto e inconsulto en la regulación hacia[1] otra que en forma clara y directa avasalla derechos y garantías individuales que como ciudadanos debemos custodiar. De esta forma ocurre, cuando el art. 14 de la citada norma en cuestión prevé: “El incumplimiento de las obligaciones previstas en los artículos 7°, 8°, 10 y 13 de la presente ley generará acciones de la autoridad sanitaria jurisdiccional correspondiente, tendientes a efectivizar la vacunación, que irán desde la notificación hasta la vacunación compulsiva.” (artículo aplicable a toda la población de forma indiscriminada)

Dicho esto, hemos de adentrarnos en la ley 27.491 que regula ahora el sistema de vacunas en la Argentina, e incorpora LA VACUNACION COMPULSIVA CON CARÁCTER DE ORDEN PUBLICO, para todos los habitantes y como requisito previo para la realización de determinados trámites que se consideran de primera necesidad ciudadana, el acceso a la escolaridad o la tramitación del DNI.

En tal sentido, debemos hacer notar el hecho de que la vacunación obligatoria se contrapone con el Protocolo de Nüremberg, el derecho a la integridad física, el derecho a la vida, el derecho al efectivo ejercicio de la responsabilidad parental y el derecho al consentimiento informado contemplado por la Ley Nacional 26.529, los artículos 42 y 43 de la Constitución Nacional y la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, entre otros derechos naturales constitucionalmente reconocidos los cuales toda ley debe respetar. Conforme el Protocolo de Nüremberg, es absolutamente esencial el consentimiento voluntario del sujeto humano. Esto significa que en relación a la persona implicada, con capacidad legal para dar consentimiento, su situación debe ser tal que pueda ser capaz de ejercer una elección libre, sin intervención de cualquier elemento de fuerza, fraude, engaño, coacción u otra forma de constreñimiento o coerción; debe tener suficiente conocimiento y comprensión de los elementos implicados que le capaciten para hacer una decisión razonable e ilustrada.

Por lo tanto esta nueva ley avasalla la voluntad del paciente, protegida por la ley 26.529, que le garantiza el derecho a rechazar terapias o procedimientos médicos o biológicos, con o sin expresión de causa.

Del mismo modo, la “autorización tácita” presumida de los padres de alumnos en edad escolar, también viola el principio de consentimiento informado, según el cual la terapia requiere una declaración de voluntad expresa y posterior a ser informado (el paciente o su tutor) de las características del tratamiento y su necesidad.”

Esta norma viola lo prescripto por la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de UNESCO, que en su artículo 6 respecto del Consentimiento, establece:  “Artículo 1. TODA intervención médica preventiva, diagnóstica y terapéutica SÓLO se llevará a cabo con el CONSENTIMIENTO PREVIO, libre e informado de la persona de que se trate, sobre la base de una información adecuada. El consentimiento debe, en su caso, ser expreso y puede ser retirado por el interesado en cualquier momento y por cualquier motivo y sin desventaja o perjuicio alguno.”

Queremos recordar también que la vacunación es un acto médico y por tanto, su práctica debe ser autorizada,  prescripta , administrada y  estar sujeta al control y responsabilidad del profesional médico que el paciente tiene como referente de su confianza y elección personal. Esta ley implica que los médicos generalistas o pediatras son desposeídos de su competencia y de sus facultades de juzgar científicamente el interés de tal o cual vacunación dentro de una relación de confianza con la familia, donde ellos se hacen responsables.

LA VACUNACION COMO PRACTICA COMPULSIVA ES UNA FORMA DE TIRANIA QUE SOMETE A LOS CIUDADANOS MEDIANTE LA FUERZA A UNA PRACTICA INVASIVA.

Otros derechos fundamentales que se ven afectados por las disposiciones de esta Ley, los cuales se encuentran reconocidos constitucionalmente y según las leyes que los reglamentan, son:

– Derecho a la identidad (DNI) (artículos 7 y 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño)

– Derecho a las asignaciones familiares, jubilaciones y pensiones (certificado de supervivencia)

– Derecho a estudiar (libreta escolar)

– Derecho a trabajar (matrícula profesional y estudios ocupacionales) (violando el artículo 14 de la Constitución Nacional)

– Derecho a contraer matrimonio (matrimonio civil)

– Derecho a la libre circulación (registro de conducir y pasaporte)

De esta manera, lo que debiera ser un derecho: la libre vacunación con vacunas efectivas y seguras, pasa a convertirse en una imposición estatal que bloquea el ejercicio de derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución y Tratados de Derechos Humanos, lo más parecido a un estado policíaco bajo ley marcial.  Asi es como a través de la ley 27.491, algo que es efectivamente una obligación estatal, esto es proveer y garantizar el acceso y la existencia de elementos que protejan la salud de la población ( y esto no sólo se refiere a las vacunas), se transforma en una imposición totalitaria hacia los ciudadanos ( a los que se les impone una vacunación sin la debida información previa ni la intervención directa de un profesional médico de su elección y confianza. Nada más contrario al orden republicano y democrático que defiende nuestra Constitución y Tratados Internacionales de igual rango.

Por lo tanto, solicitamos a Ud. que promueva formalmente y dentro legal que enmarca la presente petición toda la información  requerida  para asegurar a la ciudadanía el respeto y ejercicio de sus derechos fundamentales , conforme lo establece nuestro Orden Jurídico, en particular, el ejercicio de Derechos Humanos consagrados en Nuestra Constitución y Tratados Internacionales de Jerarquía Supranacional al cual deben ajustarse el resto de las normas y en particular esta Ley,

En ese orden y desde ya, solicitamos la eliminación de la vacunación como requisito para trámites básicos de la ciudadanía en general, y en especial solicitamos promueva en forma inmediata la derogación de las disposiciones de esta norma que,  de manera indiscriminada y compulsiva,  sin tener en cuenta el historial médico y sin la participación de un profesional médico elegido por el ciudadano, atentan contra su  salud y sus derechos cuando lo que se supone que se tuvo en consideración al sancionar esta norma es precisamente eso: la preservación de la salud de todo ciudadano de la Nación, respetando el orden republicano y democrático establecido por la Constitución.

III

PEDIDO DE SUSPENSIÓN PREVENTIVA.

Con motivo de los Riesgos para la Salud Pública que implica la puesta en ejecución de lo dispuesto la ley 27.491 sin tener adecuada, pertinente  y completa respuesta a las documentaciones e información requeridas en el presente, solicitamos al Sr. Administrador Nacional de la ANMAT y al Sr. Secretario de Salud la suspensión preventiva de la ejecución de lo dispuesto por la norma citada, conforme lo autoriza y habilita el Art 12 2° pfo. de la Ley de Procedimiento Administrativo 19.549: “…La Administración podrá, de oficio o a pedido de parte o mediante resolución fundada, suspender la ejecución por razones de interés público, o para evitar perjuicios graves al interesado…”.

            El Derecho a la Salud, es reconocido en Tratados internacionales que fueron ratificados por nuestro país (art.75 inc.22 de la Constitución Nacional y Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, art.XI; Declaración Universal de Derechos Humanos, art.25.1; Convención Americana de Derechos Humanos, art.29.c; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art.12.1 y 12.2.d).

            Por su parte, el art. 41 de la CN se refiere al “ambiente sano y equilibrado”, y como enseña Bidart Campos, aun cuando el artículo no habla de la salud, todo intérprete con sentido común habrá de dar consenso a la presencia del derecho a la salud en relación con el ambiente que debe ser sano y equilibrado. Además, es analizado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en numerosos casos (Fallos 323:3229, consid.16 y sus citas (321:1684 y 323:1339 y 324:3569, consid.11 y sus citas, entre otros).

La Corte sostiene: “Que la vida de los individuos y su protección -en especial el derecho a la salud- constituye un bien fundamental en sí mismo que, a su vez, resulta imprescindible para el ejercicio de la autonomía personal. El derecho a la vida, más que un derecho no enumerado en los términos del art. 33 de la Ley Fundamental, es un “derecho implícito”, ya que el ejercicio de los derechos reconocidos expresamente requiere necesariamente de él y, a su vez, el derecho a la salud -especialmente cuando se trata de enfermedades graves- está íntimamente relacionado con el primero y con el principio de autonomía personal(CSJN, 18/12/2003;  DJ 2004-2, 173, LL 2004-D, 30, Fallos 326:4931; CSJN, 11/07/2006; 329:2552, DJ 25/10/2006, 565;  331:1987, LL 2008-F, 93)

             Bidart Campos sostiene que: “ El derecho a la salud como derecho implícito dentro de los clásicos derechos civiles, pudo tener como contenido inicial el derecho personal a que nadie infiera daño a la salud, con lo que el sujeto pasivo cumplía su única obligación omitiendo ese daño. El derecho a la salud exige, además de la abstención del daño, muchísimas prestaciones favorables que implican en determinados sujetos pasivos el deber de dar y hacer”. (Bidart Campos, G – 2006).

IV

RESERVAS:

Finalmente, hacemos saber que en caso de no contar con la debida respuesta en el plazo antes indicado, hacemos reserva de formular las acciones legales en todas las instancias que correspondan en defensa de los derechos previamente explicitados.

V

PETITUM:

Por lo expuesto solicitamos:

  1. Se proceda a la entrega completa  de los informes y  las copias de expedientes e información que dé respuestas a todos los temas solicitados en el plazo de ley en el apartado I
  2. Tenga presente la fundamentación respecto de los derechos constitucionales vulnerados por la ley 27.491.
  3. Atento la necesidad de evitar daños mayores e irreparables, y ante la posibilidad de no contar con las respuestas adecuadas y completas en el tiempo requerido se proceda en forma preventiva a la suspensión de la aplicación obligatoria y compulsiva de la ley 27.491 conforme las facultades que le son propias, hasta tanto ANMAT analice y dimensione adecuadamente toda la información y las consecuencias médicas  y se prevean los mecanismos de contralor y reparación que hemos referenciado a fin de no obligar a la población al consumo de productos sin el correcto contralor y responsabilidad y que pueden, dada la falta de información, o su administración compulsiva puede producir daño irreparable e irreversible en la salud de los ciudadanos argentinos como enunciamos ut supra.
  4. Tenga presente las reservas formuladas.

                                                              Provéase como solicito

Será Justicia Administrativa


[1] Recordemos que la anterior regulación provenía de un gobierno de facto, ya que la ley 22.909 databa de septiembre de 1983, esto es , fue dictada con  anterioridad a la reanudación de la democracia.

SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

SOLICITAN ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Sr. Administrador
Dr. Carlos Alberto CHIALE
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

Av. de Mayo 869 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Sr. Secretario de Gobierno de Salud
Dr. Adolfo Rubinstein
Av. 9 de Julio 1925, CABA.

REF. LEY 27.491

nombre , dni ( matr . profesional domicilio) , ante el Sr. Administrador de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica y el Sr. Secretario de Salud nos presentamos y decimos:
I.
OBJETO.-

En el marco del ejercicio del Derecho de acceso a la información, tal como lo dispone el Decreto reglamentario de la Ley N° 27.275 en sus considerandos: “Que la Constitución Nacional garantiza el principio de publicidad de los actos de Gobierno y el derecho de acceso a la información pública a través del artículo 1º, de los artículos 33, 41, 42 y concordantes del Capítulo Segundo —que establece nuevos Derechos y Garantías— y del artículo 75 inciso 22, que incorpora con jerarquía constitucional diversos Tratados Internacionales…”; “…Que para lograr el saneamiento de las Instituciones debe darse un lugar primordial a los mecanismos que incrementan la transparencia de los actos de gobierno, a los que permiten un igualitario acceso a la información y a los que amplían la participación de la sociedad en los procesos decisorios de la administración”; “ Que el derecho de Acceso a la Información Pública es un prerrequisito de la participación que permite controlar la corrupción, optimizar la eficiencia de las instancias gubernamentales y mejorar la calidad de vida de las personas al darle a éstas la posibilidad de conocer los contenidos de las decisiones que se toman día a día para ayudar a definir y sustentar lo propósitos para una mejor comunidad…”. Entendemos que lo aquí dispuesto, debe ser de efectivo cumplimiento por parte de las autoridades en consonancia con los deberes y competencias funcionales que a ellos respecta.

Así también, en relación al artículo 75 inciso 22 , esto es , tratados a los que le otorga jerarquía constitucional. La convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 13 refiere el derecho a la libertad de expresión y a “buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole”; La Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 19 textualmente dice “toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión”, entendiendo que “este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones y el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitaciones de fronteras, por cualquier medio de expresión”; La Convención de la Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción en sus Artículos 10 y 13; párrafo 5 de su Preámbulo y artículos III.11 y XIV.2, se refiere a la transparencia de los organismos y al acceso a la información publica

Que con la legislación antes mencionada y teniendo en cuenta el decreto 150/92 firmado en el marco del pacto Federal entre Nación y Provincias para control, trazabilidad y registro en materia de medicamentos, es que venimos a solicitar a este organismo se nos otorgue la información que deberá acreditarse mediante copia completa de los expedientes, antecedentes y fuentes documentadas formalmente de los últimos 10 años y asimismo actualizada en función del nuevo calendario de vacunas previsto por la ley 27.491 en poder de la ANMAT y DE LA SECRETARÍA DE SALUD, a saber:

1. Detalle del contenido de composición y excipientes de cada una de las vacunas previstas como obligatorias. Especialmente, requerimos se acompañe la documentación respecto de los siguientes elementos presentes en las vacunas presentadas como obligatorias:
a. Informe qué es el MRC-5 o el WI-38 y qué vacunas contienen estos elementos y los respectivos porcentajes.
b. Indique qué vacunas contienen y en qué porcentajes cada una de ellas: formaldehido, polisorbato 80 y 20, timerosal, mercurio, aluminio, fosfato de aluminio, sulfato de amonio, neomicina, cloruro de bencetonio, bromuro de cetiltrimetilamonio, Fenoxietanol, glutamato monosódico (MSG) tejido fetal humano o células madre en su caso y en qué porcentajes o cantidades.
c. Indique qué vacunas contienen y porcentaje respectivo en su caso: albúmina humana y qué procedimientos han sido utilizados para preservar a la misma de contaminación viral.
d. Indique qué vacunas contienen ADN humano, de perro, mono, cerdo, o gallinas. Indique a su vez porcentaje presente en cada vacuna.
e. Indique qué vacunas contienen Hepatitis B 250 micr, HPV- 225 micr, Pentacel, Pediarix-850 micr, virus vivos, virus errantes o bacterias procedentes de cultivos de células animales con las que se preparan las vacunas. Indique a su vez porcentaje presente en cada vacuna.
f. Indique si hay vacunas que contengan gonadotrofina coriónica humana y en qué cantidad.
g. Indique qué es el SV40 y que vacunas lo contienen y porcentaje respectivo.
h. Indique qué es el MTHFR, el IL1A y el IL1R1 y cómo se ve afectado este por las vacunas.
i. Indique y acompañe documentación formal respecto de cuáles han sido las pruebas biológicas previas realizadas al respecto a nivel local, del material utilizado para la vacunación de la población.
j. Indique los estudios por los cuales se ha determinado cómo y con qué impacto los compuestos derivados del aluminio y mercurio pasan la barrera hematoencefálica.
k. Indique cuál es una cantidad aceptable de aluminio para ser ingerido/administrado por día y cuál es el contenido de aluminio en las distintas vacunas del plan ordinario de vacunación.
l. Indique que metodología ha sido utilizada en la confección de las vacunas para evitar la contaminación con retrovirus y otro tipo de virus.
m. Indique a la fecha cantidad efectiva de los casos de enfermedades que se intentan prevenir con el nuevo calendario de vacunación impuesto como obligatorio producidas en el territorio.
n. Indique si el esquema de vacunación a implementar es similar al aplicado en Europa y Estados Unidos. Y si no lo es, dar los motivos epidemiológicos formalmente documentados.

2. Indique si existe Emergencia Sanitaria, cuándo fue declarada y motivos de la misma. Indique cuáles fueron los medios oficiales de su declaración y publicidad a la ciudadanía y medios de comunicación por los que se dio a conocer y las enfermedades que la motivan. (origen del brote, población afectada, mortandad, efectos a largo plazo, etc.)
3. Requerimos se nos informe qué vacunas generan como efectos adversos las siguientes enfermedades: encefalitis/encefalopatía, mielitis transversa, la mielitis fláccida aguda, MS, MD, parálisis de Bell, parálisis cerebral, ELA (enfermedad de Lou Gehrig), síndrome de Guillain-Barré, meningitis, autismo, desorden atencional, demencia, miocarditis, enfermedades autoinmunes diversas y cualquier otro tipo de complicación que derive de su administración.
4. Indique y acompañe documentación respecto de cómo se ha medido la evolución del Autismo en niños desde 1980 a la fecha.
5. Indique la documentación y acompañe copia de la misma respecto de la designación de la organización responsable en el país de efectuar el contralor de las partidas, sobre todo aquellas que no sean de origen nacional.
6. Acompañe copia de los informes sobre control de trazabilidad de cada uno de los lotes o serie de fabricación correspondiente y la cantidad distribuida a cada provincia argentina con sus respectivas fechas respecto de los medicamentos solicitados de los últimos cinco años y los previstos para 2019.
7. Acompañe los expedientes o cualquier otra documentación oficial mediante la cual se ha definido la indicación de cada vacuna presente en el calendario. Acompañe detalle de las enfermedades que se intentan prevenir indicando índice de posibilidad de ocurrencia, población afectada, índice de mortandad.
8. Indicación detallada de los informes que hayan evaluado otros modos alternativos a la vacunación de prevención existentes. (por ejemplo: educación, acceso al agua potable, cloacas, electricidad, aseguramiento de adecuada nutrición). Indicación y copias del estudio que muestre los resultados de salud vacunados frente a los no vacunados.
9. Lista de los laboratorios contratados e involucrados en el desarrollo y elaboración de cada una de las vacunas previstas. Informe de los últimos cinco (5) años mismo período cuales fueron los laboratorios autorizados para la elaboración y distribución. Expedientes de los procesos de contratación de cada uno de ellos.
10. Expediente en el que conste el estudio de impacto y contralor de efectividad de las vacunas integrantes del programa en la prevención realizado por entidad independiente nacional. Por ejemplo: puede una persona que fue vacunada contra la tos ferina todavía propagar la tos ferina después de haber sido expuesto a ella? Si es así, por cuánto tiempo?
11. Informe detallado de las campañas previstas para los próximos 5 años (fechas, lugares, población destinataria) y razones por las que las mismas son necesarias. Al respecto requerimos también se informe cuántas dosis de cuántas vacunas serán colocadas a los niños entre el nacimiento y los 12 años de edad y se indique su vinculación con las cantidades residuales y acumulativas de contenidos conforme los elementos detallados en la composición y excipientes de las vacunas previstas.
12. Informe detallado de los últimos 5 años en el que consten estudios documentados realizados a nivel nacional y controlados por las autoridades locales con total independencia del fabricante respecto de la interacción en la administración de las vacunas entre sí y la potenciación por el efecto acumulativo de los refuerzos periódicos, así como su seguimiento formal en la población destinataria.
13. De existir, estudios que demuestren beneficios en las vacunas multidosis o con numerosos refuerzos vs vacunas monodosis.
14. Acompañe detalle documentado de los estudios realizados en el país sobre efectos secundarios o colaterales.
15. Copia del informe detallado respecto del protocolo previsto de atención y seguimiento de casos de reacciones adversas.
16. Determine si existe un fondo de reparación para los afectados por los efectos colaterales o adversos de las vacunas administradas.
17. Requerimos se nos informe cuál es el protocolo de control respecto del ingreso al país de inmigrantes teniendo presente que muchos de los mismos provienen de países o lugares que no cuentan con condiciones sanitarias básicas.

II.-
FUNDAMENTOS.

DERECHOS CONSTITUCIONALES VULNERADOS POR LA LEY 27.491.

Ante la sanción y promulgación de la ley 27.491 – de SALUD PÚBLICA de Control de Enfermedades Prevenibles por Vacunación nos vemos en la obligación de efectuar algunas manifestaciones al respecto:
En primer término y a los fines de eliminar cualquier duda acerca de si la presentación es una intento de grupos de los denominados “antivacunas” hecho totalmente alejado de la realidad, aclaramos a Ud. que entendemos que “La vacunación salva vidas” por lo que estamos a favor de la vacunación.
No obstante llama nuestra atención el refuerzo abrupto e inconsulto en la regulación hacia otra que en forma clara y directa avasalla derechos y garantías individuales que como ciudadanos debemos custodiar. De esta forma ocurre, cuando el art. 14 de la citada norma en cuestión prevé: “El incumplimiento de las obligaciones previstas en los artículos 7°, 8°, 10 y 13 de la presente ley generará acciones de la autoridad sanitaria jurisdiccional correspondiente, tendientes a efectivizar la vacunación, que irán desde la notificación hasta la vacunación compulsiva.” (artículo aplicable a toda la población de forma indiscriminada)
Dicho esto, hemos de adentrarnos en la ley 27.491 que regula ahora el sistema de vacunas en la Argentina, e incorpora LA VACUNACION COMPULSIVA CON CARÁCTER DE ORDEN PUBLICO, para todos los habitantes y como requisito previo para la realización de determinados trámites que se consideran de primera necesidad ciudadana, el acceso a la escolaridad o la tramitación del DNI.
En tal sentido, debemos hacer notar el hecho de que la vacunación obligatoria se contrapone con el Protocolo de Nüremberg, el derecho a la integridad física, el derecho a la vida, el derecho al efectivo ejercicio de la responsabilidad parental y el derecho al consentimiento informado contemplado por la Ley Nacional 26.529, los artículos 42 y 43 de la Constitución Nacional y la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, entre otros derechos naturales constitucionalmente reconocidos los cuales toda ley debe respetar. Conforme el Protocolo de Nüremberg, es absolutamente esencial el consentimiento voluntario del sujeto humano. Esto significa que en relación a la persona implicada, con capacidad legal para dar consentimiento, su situación debe ser tal que pueda ser capaz de ejercer una elección libre, sin intervención de cualquier elemento de fuerza, fraude, engaño, coacción u otra forma de constreñimiento o coerción; debe tener suficiente conocimiento y comprensión de los elementos implicados que le capaciten para hacer una decisión razonable e ilustrada.
Por lo tanto esta nueva ley avasalla la voluntad del paciente, protegida por la ley 26.529, que le garantiza el derecho a rechazar terapias o procedimientos médicos o biológicos, con o sin expresión de causa.
Del mismo modo, la “autorización tácita” presumida de los padres de alumnos en edad escolar, también viola el principio de consentimiento informado, según el cual la terapia requiere una declaración de voluntad expresa y posterior a ser informado (el paciente o su tutor) de las características del tratamiento y su necesidad.”
Esta norma viola lo prescripto por la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de UNESCO, que en su artículo 6 respecto del Consentimiento, establece: “Artículo 1. TODA intervención médica preventiva, diagnóstica y terapéutica SÓLO se llevará a cabo con el CONSENTIMIENTO PREVIO, libre e informado de la persona de que se trate, sobre la base de una información adecuada. El consentimiento debe, en su caso, ser expreso y puede ser retirado por el interesado en cualquier momento y por cualquier motivo y sin desventaja o perjuicio alguno.”
Queremos recordar también que la vacunación es un acto médico y por tanto, su práctica debe ser autorizada, prescripta , administrada y estar sujeta al control y responsabilidad del profesional médico que el paciente tiene como referente de su confianza y elección personal. Esta ley implica que los médicos generalistas o pediatras son desposeídos de su competencia y de sus facultades de juzgar científicamente el interés de tal o cual vacunación dentro de una relación de confianza con la familia, donde ellos se hacen responsables.

LA VACUNACION COMO PRACTICA COMPULSIVA ES UNA FORMA DE TIRANIA QUE SOMETE A LOS CIUDADANOS MEDIANTE LA FUERZA A UNA PRACTICA INVASIVA.

Otros derechos fundamentales que se ven afectados por las disposiciones de esta Ley, los cuales se encuentran reconocidos constitucionalmente y según las leyes que los reglamentan, son:
- Derecho a la identidad (DNI) (artículos 7 y 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño)
- Derecho a las asignaciones familiares, jubilaciones y pensiones (certificado de supervivencia)
- Derecho a estudiar (libreta escolar)
- Derecho a trabajar (matrícula profesional y estudios ocupacionales) (violando el artículo 14 de la Constitución Nacional)
- Derecho a contraer matrimonio (matrimonio civil)
- Derecho a la libre circulación (registro de conducir y pasaporte)
De esta manera, lo que debiera ser un derecho: la libre vacunación con vacunas efectivas y seguras, pasa a convertirse en una imposición estatal que bloquea el ejercicio de derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución y Tratados de Derechos Humanos, lo más parecido a un estado policíaco bajo ley marcial. Asi es como a través de la ley 27.491, algo que es efectivamente una obligación estatal, esto es proveer y garantizar el acceso y la existencia de elementos que protejan la salud de la población ( y esto no sólo se refiere a las vacunas), se transforma en una imposición totalitaria hacia los ciudadanos ( a los que se les impone una vacunación sin la debida información previa ni la intervención directa de un profesional médico de su elección y confianza. Nada más contrario al orden republicano y democrático que defiende nuestra Constitución y Tratados Internacionales de igual rango.
Por lo tanto, solicitamos a Ud. que promueva formalmente y dentro legal que enmarca la presente petición toda la información requerida para asegurar a la ciudadanía el respeto y ejercicio de sus derechos fundamentales , conforme lo establece nuestro Orden Jurídico, en particular, el ejercicio de Derechos Humanos consagrados en Nuestra Constitución y Tratados Internacionales de Jerarquía Supranacional al cual deben ajustarse el resto de las normas y en particular esta Ley,
En ese orden y desde ya, solicitamos la eliminación de la vacunación como requisito para trámites básicos de la ciudadanía en general, y en especial solicitamos promueva en forma inmediata la derogación de las disposiciones de esta norma que, de manera indiscriminada y compulsiva, sin tener en cuenta el historial médico y sin la participación de un profesional médico elegido por el ciudadano, atentan contra su salud y sus derechos cuando lo que se supone que se tuvo en consideración al sancionar esta norma es precisamente eso: la preservación de la salud de todo ciudadano de la Nación, respetando el orden republicano y democrático establecido por la Constitución.

III
PEDIDO DE SUSPENSIÓN PREVENTIVA.

Con motivo de los Riesgos para la Salud Pública que implica la puesta en ejecución de lo dispuesto la ley 27.491 sin tener adecuada, pertinente y completa respuesta a las documentaciones e información requeridas en el presente, solicitamos al Sr. Administrador Nacional de la ANMAT y al Sr. Secretario de Salud la suspensión preventiva de la ejecución de lo dispuesto por la norma citada, conforme lo autoriza y habilita el Art 12 2° pfo. de la Ley de Procedimiento Administrativo 19.549: “…La Administración podrá, de oficio o a pedido de parte o mediante resolución fundada, suspender la ejecución por razones de interés público, o para evitar perjuicios graves al interesado…”.
El Derecho a la Salud, es reconocido en Tratados internacionales que fueron ratificados por nuestro país (art.75 inc.22 de la Constitución Nacional y Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, art.XI; Declaración Universal de Derechos Humanos, art.25.1; Convención Americana de Derechos Humanos, art.29.c; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art.12.1 y 12.2.d).
Por su parte, el art. 41 de la CN se refiere al “ambiente sano y equilibrado”, y como enseña Bidart Campos, aun cuando el artículo no habla de la salud, todo intérprete con sentido común habrá de dar consenso a la presencia del derecho a la salud en relación con el ambiente que debe ser sano y equilibrado. Además, es analizado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en numerosos casos (Fallos 323:3229, consid.16 y sus citas (321:1684 y 323:1339 y 324:3569, consid.11 y sus citas, entre otros).
La Corte sostiene: “Que la vida de los individuos y su protección -en especial el derecho a la salud- constituye un bien fundamental en sí mismo que, a su vez, resulta imprescindible para el ejercicio de la autonomía personal. El derecho a la vida, más que un derecho no enumerado en los términos del art. 33 de la Ley Fundamental, es un “derecho implícito”, ya que el ejercicio de los derechos reconocidos expresamente requiere necesariamente de él y, a su vez, el derecho a la salud -especialmente cuando se trata de enfermedades graves- está íntimamente relacionado con el primero y con el principio de autonomía personal” (CSJN, 18/12/2003; DJ 2004-2, 173, LL 2004-D, 30, Fallos 326:4931; CSJN, 11/07/2006; 329:2552, DJ 25/10/2006, 565; 331:1987, LL 2008-F, 93)
Bidart Campos sostiene que: “ El derecho a la salud como derecho implícito dentro de los clásicos derechos civiles, pudo tener como contenido inicial el derecho personal a que nadie infiera daño a la salud, con lo que el sujeto pasivo cumplía su única obligación omitiendo ese daño. El derecho a la salud exige, además de la abstención del daño, muchísimas prestaciones favorables que implican en determinados sujetos pasivos el deber de dar y hacer”. (Bidart Campos, G - 2006).

IV
RESERVAS:

Finalmente, hacemos saber que en caso de no contar con la debida respuesta en el plazo antes indicado, hacemos reserva de formular las acciones legales en todas las instancias que correspondan en defensa de los derechos previamente explicitados.

V
PETITUM:

Por lo expuesto solicitamos:

1. Se proceda a la entrega completa de los informes y las copias de expedientes e información que dé respuestas a todos los temas solicitados en el plazo de ley en el apartado I
2. Tenga presente la fundamentación respecto de los derechos constitucionales vulnerados por la ley 27.491.
3. Atento la necesidad de evitar daños mayores e irreparables, y ante la posibilidad de no contar con las respuestas adecuadas y completas en el tiempo requerido se proceda en forma preventiva a la suspensión de la aplicación obligatoria y compulsiva de la ley 27.491 conforme las facultades que le son propias, hasta tanto ANMAT analice y dimensione adecuadamente toda la información y las consecuencias médicas y se prevean los mecanismos de contralor y reparación que hemos referenciado a fin de no obligar a la población al consumo de productos sin el correcto contralor y responsabilidad y que pueden, dada la falta de información, o su administración compulsiva puede producir daño irreparable e irreversible en la salud de los ciudadanos argentinos como enunciamos ut supra.
4. Tenga presente las reservas formuladas.

Provéase como solicito
Será Justicia Administrativa

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